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Ayer asistí a una interesante conferencia de Adela Cortina, profesora de ética de la Universidad de Valencia. Habló de educación para la ciudadanía, y se mostró sorprendida por el revuelo que había levantado la inclusión de esta asignatura en el currículo de enseñanza primaria y secundaria en España, especialmente en nuestra Comunidad. Le parecía que era muy difícil que se pudiera condenar o salvar a un alumno en sólo una hora a la semana, que es la carga horaria de esta materia; por eso, pensaba que tanta polémica no podía deberse sólo a cuestiones académicas o pedagógicas, e insinuaba un trasfondo político, algo que para muchos es una certeza.

Era Althusser quien analizaba el papel de la escuela como aparato ideológico del estado, algo que no parece discutible si consideramos su recorrido desde que fuera el estado quien se hiciera cargo de la educación de los niños, una vez que la familia dejó de ejercer esta función por sí sola, como tradicionalmente había ocurrido.

El problema surge cuando la escuela, que durante siglos ha actuado como motor de reproducción social, inculcando a los alumnos, especialmente los más pobres y desfavorecidos, la moral imperante, sumisión y obediencia, transmitiéndoles sobre todo valores relacionados con la fe, se hace permeable a nuevas ideas que se abren paso: justicia, igualdad, solidaridad, libertad, democracia, participación.

Los vasallos y esclavos de antaño son ahora ciudadanos que exigen no sólo instrucción, sino formación, algo que requiere que estos conceptos no sólo se expliquen sino que se practiquen.
Se encienden las alarmas de los gobernantes, que saben que es más fácil de manipular un pueblo ignorante o poco ilustrado que un pueblo conocedor de sus derechos y formado para exigirlos. El poder político acepta las nuevas exigencias, pero desarrolla estrategias para limitarlas, utilizando todos los medios de que dispone, el principal, su capacidad para legislar.

Bien es verdad que este control no es ejercido de igual manera por todos los gobiernos, resultando creíble en algunos casos el esfuerzo realizado por conseguir que todos accedamos en condiciones de igualdad a una educación de calidad, pero resulta esperpéntico e insoportable cuando legislan aquellos que por tradición piensan que gobiernan por la gracia de Dios, y consideran intrusos a quienes les arrebatan el poder periódicamente por la fuerza de los votos.

Este es el caso de la Comunidad Valenciana, donde un grupo de iluminados intelectualmente pobres, políticamente grises y personalmente sumisos al «nihil obstat» eclesial pretenden empobrecer y avasallar con sus decretos, órdenes e instrucciones a toda una generación de ciudadanos a los que se quiere negar su derecho a formarse como tales.