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Educación y justicia social

Posted on: 21 mayo 2009

“Ya conocéis el grupo, y sabéis que con estos se puede hacer poco, así que vamos a acabar pronto. No ha aprobado ninguno, ni creo que vayan a aprobar nunca. ¿Para qué perder el tiempo hablando?”

Así se dirigió a los profesores del equipo educativo, al comienzo de la sesión de evaluación de su grupo de alumnos, una tutora que conocí hace algún tiempo. Es verdad que el grupo, aunque reducido, no era fácil; estaba formado por alumnos repetidores y poco motivados en su mayoría, algunos con dificultades de aprendizaje importantes, que se habían juntado para facilitar la formación de otros grupos menos problemáticos con los que se pudiera trabajar más cómodamente en ese mismo nivel. Pero la idea de este agrupamiento fue, sin duda, desafortunada, como también lo fue la elección de la tutora.

Quienes llevamos años trabajando en la enseñanza sabemos que éste no es un hecho casual ni extraordinario. Al contrario de lo que sucede en un hospital, donde los mejores médicos atienden los casos más complicados, en los institutos suelen asignarse las tutorías más difíciles a los profesores menos preparados, con menores expectativas de continuidad en el centro y, por todo ello, menos comprometidos generalmente con el proyecto educativo de centro.

Hoy todavía siento vergüenza cuando recuerdo el episodio que comento, y me felicito por no haber callado ante semejante atentado contra la moral, la profesionalidad de la mayoría de los docentes, y la justicia.
Recuerdo que hablé del efecto Pigmalión, y de lo frustrante y desmotivador que resulta para los alumnos saberse parte del grupo de los torpes, integrantes de una clase de la que nada se espera, y a la que muchos profesores acuden con el único objetivo de dejar pasar la hora.

El agrupamiento del alumnado por niveles supone una contradicción y un acto de injusticia social. Es contradictorio que se obligue a asistir a la escuela a los alumnos, también a los que no querrían hacerlo, para abandonarlos después a su suerte en las aulas.
Es un acto de injusticia social porque la escuela no debe conformarse con atender satisfactoriamente a las demandas y necesidades de una mayoría de alumnos y familias, sino que debe hacer partícipe de las bondades y ventajas del sistema educativo a todos cuantos forman parte del mismo, sin excepción.

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